El Tratado de Comercio Anti-Falsificación es una nueva iniciativa legislativa procedente de Estados Unidos y Europa, cuyo objetivo es imponer un cumplimiento estricto de las leyes de protección de la propiedad intelectual. Al haber sido además aprobado por el G8, el texto, que firmarán todos los países desarrollados servirá de herramienta de presión sobre los países en vías de desarrollo. De hecho, la declaración final de la última reunión del G8 en Tokio, Sobre la Economía Global, hace una mención explícita a la aprobación de ACTA antes de final de año.

Una de las consecuencias de la aprobación de este tratado, la más gráfica, es la posibilidad de que, en un control fronterizo, el portátil o el reproductor mp3 de un viajero sea examinado, y si contiene material que viola las leyes de propiedad intelectual, el viajero puede ser multado y el aparato confiscado o destruido. La World Customs Organization está preparando su propio tratado multilateral, el SECURE, en el que también se está reforzando la protección de la propiedad intelectual:

The standards would extend monitoring to all IP, as opposed to just trademark and copyright, and would free IP rights holders from the burden of providing evidence that there is infringement “initiate a procedure.”

De todos modos, no creo que llegemos a ver a guardias de seguridad escaneando los ficheros del portátil para ver qué mp3 te has comprado y cuáles no, por la sencilla razón de que para éstas entidades eso son migajas. El objetivo aquí sería dañar las exportaciones de China y otros países donde hay falsificación de productos.

Otras consecuencias de este tratado son menos espectaculares, pero más peligrosas, e insisten en equiparar falsificar y compartir. Se incluyen apartados que permitirán y fomentarán la colaboración entre proveedores de acceso a internet y entidades de gestión de derechos, en la línea de las enmiendas a la Directiva de Telecomunicaciones pendientes de ser aprobadas en septiembre por el Parlamento Europeo. Esto implica que los PAI podrían ser forzados a proporcionar información sobre usuarios que supuestamente infringan las leyes de propiedad intelectual sin ningún tipo de garantías, lo que facilitaría las demandas legales de las entidades de gestión de derechos. Eso hará que, con toda seguridad, esta lista crezca considerablemente.

Si a esto le sumamos el acuerdo para compartir datos privados entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿significa esto que The Pirate Bay podría ser demandada desde USA? Por si acaso, The Pirate Bay ha añadido encriptación SSL a su sitio web y ha lanzado una iniciativa dirigida a difundir y fomentar la encriptación de todo el tráfico web, una solución técnica que no sería suficiente.

Las ventajas de este tratado están claras para los tres actores implicados: PAI, gestores de derechos de propiedad intelectual y gobiernos:

  • Los PAI están en pleno proceso de conversión de meras empresas de telecomunicaciones a ser también proveedores de contenido, por ejemplo, TV sobre IP, P4P. Penalizar y reducir la compartición gratuita de contenido entre usuarios es una forma de imponer este modelo de negocio y hacerlo viable. Además, la posibilidad del uso de medidas técnicas para capar el tráfico del P2P abre la puerta a la ruptura de la Neutralidad de la Red, que es el concepto que ha permitido que Internet sea hoy lo que es. Romper esta norma supondría que los PAI podrían cerrar y echar del mercado a las empresas que no lleguen a un acuerdo con ellos.
  • Para las industrias de contenido, la estrategia es mantener un modelo de negocio obsoleto que se ha convertido en un callejón sin salida, ya lo hemos visto con la radio, y cerrar el mercado a más competencia y nuevos actores. Menos compartir y más consumir.
  • Para los gobiernos, las demandas de mayor protección de la propiedad intelectual, hasta el punto de criminalizar el acto de compartir, le supone una oportunidad de oro, una excusa perfecta para la puesta en marcha de sistemas de control en Internet. Los mismos mecanismos que permiten saber si una persona comparte una película permitirán conocer las fuentes de un periodista, las comunicaciones de un dirigente sindical… La garantía de inmunidad legal a las empresas de telecomunicaciones frente a las demandas de los ciudadanos concedida por el gobierno de Estados Unidos (con el voto a favor de Barack Obama) es lo mínimo que podían hacer. El hecho de que ACTA se haya estado negociando en secreto y sólo una filtración en Wikileaks nos haya podido permitir conocer parte de su contenido no resulta muy alentador. Precisamente este tipo de filtraciones serán más difíciles después de que el ACTA esté totalmente implementado.

La generalización de este tipo de acciones e iniciativas legales sugiere que no estamos ante un hecho aislado, sino que existe una ofensiva, más o menos coordinada, para reducir las libertades civiles en la red. El objetivo, tanto de las industrias como del gobierno: recuperar el control.

¿Quieres saber más?

Jamie King, autor de Steal This Film I y II, y ex-editor de MUTE, ha estado siguiendo la evolución de ACTA en TorrentFreak, incluyendo alguna posible línea de acción, que pasaría por presionar al Parlamento Europeo.

Intellectual Property Watch es un servicio de noticias sin ánimo de lucro centrado en cuestiones de propiedad intelectual. También han dado una buena cobertura del ACTA. Según IP Watch, es posible que el Parlamento Europeo tenga únicamente una función consultiva. Es decir, sería el ejecutivo europeo el que firme el tratado, sin consulta popular, ni directa ni representada.

Nate Anderson, de Ars Technica ha llegado a conclusiones parecidas a las mías respecto a que el control de portátiles en las fronteras será la última de nuestras preocupaciones si ACTA sale adelante.

Versvs ha dedicado muchas entradas a hablar de la sociedad de control.

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