Una de las consecuencias de la aprobación de este tratado, la más gráfica, es la posibilidad de que, en un control fronterizo, el portátil o el reproductor mp3 de un viajero sea examinado, y si contiene material que viola las leyes de propiedad intelectual, el viajero puede ser multado y el aparato confiscado o destruido. La World Customs Organization está preparando su propio tratado multilateral, el SECURE, en el que también se está reforzando la protección de la propiedad intelectual:

The standards would extend monitoring to all IP, as opposed to just trademark and copyright, and would free IP rights holders from the burden of providing evidence that there is infringement “initiate a procedure.”

De todos modos, no creo que llegemos a ver a guardias de seguridad escaneando los ficheros del portátil para ver qué mp3 te has comprado y cuáles no, por la sencilla razón de que para éstas entidades eso son migajas. El objetivo aquí sería dañar las exportaciones de China y otros países donde hay falsificación de productos.

Otras consecuencias de este tratado son menos espectaculares, pero más peligrosas, e insisten en equiparar falsificar y compartir. Se incluyen apartados que permitirán y fomentarán la colaboración entre proveedores de acceso a internet y entidades de gestión de derechos, en la línea de las enmiendas a la Directiva de Telecomunicaciones pendientes de ser aprobadas en septiembre por el Parlamento Europeo. Esto implica que los PAI podrían ser forzados a proporcionar información sobre usuarios que supuestamente infringan las leyes de propiedad intelectual sin ningún tipo de garantías, lo que facilitaría las demandas legales de las entidades de gestión de derechos. Eso hará que, con toda seguridad, esta lista crezca considerablemente.

Si a esto le sumamos el acuerdo para compartir datos privados entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿significa esto que The Pirate Bay podría ser demandada desde USA? Por si acaso, The Pirate Bay ha añadido encriptación SSL a su sitio web y ha lanzado una iniciativa dirigida a difundir y fomentar la encriptación de todo el tráfico web, una solución técnica que no sería suficiente.

Las ventajas de este tratado están claras para los tres actores implicados: PAI, gestores de derechos de propiedad intelectual y gobiernos:

• Los PAI están en pleno proceso de conversión de meras empresas de telecomunicaciones a ser también proveedores de contenido, por ejemplo, TV sobre IP, P4P. Penalizar y reducir la compartición gratuita de contenido entre usuarios es una forma de imponer este modelo de negocio y hacerlo viable. Además, la posibilidad del uso de medidas técnicas para capar el tráfico del P2P abre la puerta a la ruptura de la Neutralidad de la Red, que es el concepto que ha permitido que Internet sea hoy lo que es. Romper esta norma supondría que los PAI podrían cerrar y echar del mercado a las empresas que no lleguen a un acuerdo con ellos.
• Para las industrias de contenido, la estrategia es mantener un modelo de negocio obsoleto que se ha convertido en un callejón sin salida, ya lo hemos visto con la radio, y cerrar el mercado a más competencia y nuevos actores. Menos compartir y más consumir.
• Para los gobiernos, las demandas de mayor protección de la propiedad intelectual, hasta el punto de criminalizar el acto de compartir, le supone una oportunidad de oro, una excusa perfecta para la puesta en marcha de sistemas de control en Internet. Los mismos mecanismos que permiten saber si una persona comparte una película permitirán conocer las fuentes de un periodista, las comunicaciones de un dirigente sindical… La garantía de inmunidad legal a las empresas de telecomunicaciones frente a las demandas de los ciudadanos concedida por el gobierno de Estados Unidos (con el voto a favor de Barack Obama) es lo mínimo que podían hacer. El hecho de que ACTA se haya estado negociando en secreto y sólo una filtración en Wikileaks nos haya podido permitir conocer parte de su contenido no resulta muy alentador. Precisamente este tipo de filtraciones serán más difíciles después de que el ACTA esté totalmente implementado.

La generalización de este tipo de acciones e iniciativas legales sugiere que no estamos ante un hecho aislado, sino que existe una ofensiva, más o menos coordinada, para reducir las libertades civiles en la red. El objetivo, tanto de las industrias como del gobierno: recuperar el control.

¿Quieres saber más?

Jamie King, autor de Steal This Film I y II, y ex-editor de MUTE, ha estado siguiendo la evolución de ACTA en TorrentFreak, incluyendo alguna posible línea de acción, que pasaría por presionar al Parlamento Europeo.

Intellectual Property Watch es un servicio de noticias sin ánimo de lucro centrado en cuestiones de propiedad intelectual. También han dado una buena cobertura del ACTA. Según IP Watch, es posible que el Parlamento Europeo tenga únicamente una función consultiva. Es decir, sería el ejecutivo europeo el que firme el tratado, sin consulta popular, ni directa ni representada.

Nate Anderson, de Ars Technica ha llegado a conclusiones parecidas a las mías respecto a que el control de portátiles en las fronteras será la última de nuestras preocupaciones si ACTA sale adelante.

Versvs ha dedicado muchas entradas a hablar de la sociedad de control.

1. Los gobiernos aprueban leyes que no sólo permiten, si no que obligan a los proveedores de acceso a internet y telefonía móvil conservación de datos personales de los usuarios, con la excusa del terrorismo, pornografía y lucha contra la piratería. Ésto, combinado con leyes de excepción antiterroristas, les permite un mayor control sobre la ciudadanía y monitorizar movimientos sociales. Los ejemplos comienzan a ser demasiado frecuentes: detención de académicos alemanes porque usaban los mismos términos que un grupo terrorista, como gentrificación; uso de leyes antiterroristas contra movimientos ecologistas en Inglaterra; y, en España, condena a miembros de una asociación que promueve la no-violencia, porque uno de sus folletos le fue incautado a un miembro de ETA. Además, estos movimientos legislativos de recorte de libertades y de privacidad permiten ayudar a dos sectores con un gran peso de lobby:
2. A las industrias culturales. A cambio de proveer de la excusa necesaria a gobiernos y proveedores de internet para aumentar el nivel de control sobre las comunicaciones, ellos obtienen una herramienta para intentar mantener vivo su modelo de negocio dificultando las alternativas que empiezan a surgir en torno a la desintermediación del negocio de la cultura. A través de posibles acuerdos comerciales con ISPs o directamente a través de los ISPs propietarios o propiedad de éstas industrias culturales, el siguiente paso será la priorización del tráfico proveniente de ciertos servicios o empresas sobre otros. Por eso es tan importante mantener la neutralidad de la red.
3. A las telecos, que llevaban tiempo queriendo capar el tráfico P2P, lo que les permitiría liberar ancho de banda sin necesidad de nuevas inversiones. Además, dado que muchas de estas empresas son propietarias, son propiedad, o tienen intereses en la industria cultural, su interés es claro. Comcast, un ISP americano, está siendo investigado por bloquear el tráfico de la red bittorrent. Comcast también es un proveedor de televisón por cable, por lo que tiene intereses claros en perjudicar las descargas a través de internet. Según sus cuentas, menos descargas equivale a dejar de perder espectadores. En España, la mayor parte de ISPs ofrecen el llamado triple play: internet, teléfono fijo y televisión, y están ya incorporando el cuarto ingrediente: telefonía móvil, por lo que es fácil adivinar el peligro que toda esta concentración empresarial supone. Además, al existir obligación gubernamental de retención de datos y vigilancia de los datos que transportan, se aseguran de que ningún otro competidor pueda realizar una oferta sin capado de tráfico y así desarmar la opción del consumidor de cambiar de proveedor.

• Europa:

En la lucha contra la piratería y la subida y descarga no autorizada de contenidos protegidos por copyright, que Bruselas coloca como una de sus “máximas preocupaciones”, destaca como herramienta la cooperación de los proveedores de acceso a Internet, es decir, las telefónicas que llevan a casa el cable o la conexión por ADSL y pueden por tanto pegar el tijeretazo a la conexión o al servidor que la provee.

Público, 3 de enero de 2008.

Apoyándose en los Acuerdos Olivennes, firmados el 23 de noviembre entre el Estado, los suministradores de acceso a Internet y las sociedades de autores y editores, estas últimas han empezado a obtener autorizaciones para vigilar las redes de P2P, que permiten el intercambio de música y películas, y para imponer el filtrado en el acceso a la Red. Según fuentes de la CNIL, uno de los dos controles hasta ahora efectuados en el marco de autorizaciones recientes ya ha conducido a la apertura de un expediente de amonestación contra una empresa que, por orden de una sociedad de autores y editores, se estaba permitiendo el lujo de colectar datos nominativos, violando la privacidad de los internautas.

Público, 7 de enero de 2008.

Sarkozy, proposing “a real cultural revolution” and stressing twice that his proposal was “unprecedented,” said: “I want us to profoundly review the requirements of public television and to consider a complete elimination of advertising on public channels.” Instead, he said, those channels “could be financed by a tax on advertising revenues of private broadcasters and an infinitesimal tax on the revenues of new means of communication like Internet access or mobile telephony.”

Within minutes of the midday announcement, the shares of private broadcasting companies TF1 and M6 jumped in anticipation of less competition for lucrative advertising contracts, gaining 9.9 percent and 4.5 percent respectively.

International Herald Tribune, 8 de enero de 2008.

Ley de Conservación de Datos en España:

Por no decir que los responsables de almacenar esos datos y de su confidencialidad serán empresas privadas. Para su uso en una investigación criminal será necesario contar con autorización judicial, pero existe toda una cadena de custodia de esos datos que no tendrá esas garantías. Por no hablar de las situaciones en las que se salte directamente la garantía judicial a través del secreto de Estado, y de los peligros que esta normativa supone para activistas políticos, por muy pacíficos que sean.

El origen de la Ley es una Normativa Europea, de trasposición obligatoria al cuerpo legal de todos los países miembros de la UE.

Astillero, 11 de octubre de 2007.

Ley de Impulso a la Sociedad de la Información en España:

1. No dice nada de la neutralidad de Internet, el que, por ejemplo, los proveedores de acceso no puedan favorecer el tráfico de unos sitios web frente a otros a causa de acuerdos comerciales o de otra índole que tengan.
2. Sigue existiendo la posibilidad de que «entidades administrativas» puedan decidir el bloqueo de contenidos en la Red, siempre que no vulneren la libertad de expresión, pero nunca se dice quién decide esto ni si tiene que ser un juez quien lo haga o no.

Microsiervos, 20 de diciembre de 2007.

Las pancartas, con esa síntesis maravillosa de quién está cabreado por la ley, reclamaban contra la pronta puesta en marcha de las leyes antiterroristas europeas que, desde el 1 de enero, permiten al Estado alemán guardar todos los datos electrónicos (mails, chats, búsquedas por internet) y conversaciones telefónicas de las personas por, al menos, entre 6 y 14 meses.

Á, 23 de septiembre de 2007.

According to a law passed by the German parties CDU, CSU and SPD, from 2008 on it will be possible to trace who has contacted whom via telephone, mobile phone or e-mail for a period of six months. In the case of mobile calls or text messages via mobile phone, the user’s location will also be logged. Anonymising services will be prohibited.

The data that will be collected about the entire population will allow our movements to be traced, any calls or communications with personal and business contacts to be monitored and will remove privacy in our personal relationships. Information regarding the content of communications can be deduced relating to personal interests and the individual life circumstances of the persons communicating. Access to the data is to be granted to the police, public prosecutors, secret services and foreign states which hope for better prosecution of crimes.

Stoppt die Vorratsdatenspeicherung

• Japón y Australia

Japón, cuyo ejecutivo actual tiene la intención de introducir los cambios necesarios en su legislación para poder controlar qué tipo de páginas y qué contenidos consumen los nipones cuando navegan por la Red o Australia, que aboga por la provisión para sus ciudadanos de feeds de Internet previamente filtrados y limpios de pornografía y materiales considerados inapropiados.

Error 500, 12 de enero de 2008.

• Estados Unidos:

At a small panel discussion about digital piracy at NBC’s booth on the Consumer Electronics Show floor, representatives from NBC, Microsoft, several digital filtering companies and the telecom giant AT&T said discussed whether the time was right to start filtering for copyrighted content at the network level.

Network-level filtering means your Internet service provider – Comcast, AT&T, EarthLink, or whoever you send that monthly check to – could soon start sniffing your digital packets, looking for material that infringes on someone’s copyright.

New York Times, 8 de enero de 2008.

El Consejo Constitucional es una institución francesa independiente de la estructura legislativa o judicial de la República. Una de sus funciones es la de velar por la adecuación de las leyes a la constitución francesa y a tratados internacionales firmados por Francia.

La ley que ha aprobado ayer, impulsada por Sarkozy, tiene como objetivo impedir la difusión del ‘happy slapping’, una práctica también conocida en España: yo le pego y tú lo grabas. Para la Liga Odebi, una organización de defensa de las libertades civiles, la redacción amplia de la ley, de forma que englobe también las actividades de periodistas ciudadanos no es una casualidad, y se engloba dentro de un paquete de medidas legislativas que pretende controlar el flujo de información proveniente de la web. Una de las propuestas del Gobierno francés en este sentido es la de instaurar un sistema de certificación para sitios web, empresas de alojamiento de blogs, operadores de telefonía móvil y proveedores de acceso a internet. El respeto a ciertas reglas les permitiría disfrutar de un estatus de ‘fuentes de información autorizadas’ por el Gobierno. Esta propuesta ya ha sido criticada por Reporteros sin Fronteras.

Todos los medios que he consultado reproducen casi literalmente el artículo original de Peter Sayer para el servicio de noticias IDGNews. En ese artículo se incluye un ejemplo muy útil para entender el alcance y la peligrosidad de la ley aprovada por el Consejo Constitucional. Estos días se cumplen 16 años de la paliza que unos agentes del LAPD propinaron a Rodney King. Los agentes fueron detenidos gracias a la filmación de George Holliday. El incidente fue la chispa que prendió los disturbios en South Central, uno de los barrios más conflictivos de Los Ángeles, de mayoría negra, en un momento en que las tensiones raciales y los conflictos con la policía estaban en su cénit.

Pues bien, con esa ley en la mano, la grabación de esa paliza no sólo estaría prohibida, si no que la condena sería potencialmente mayor que la del delito que filma. En concreto, hasta 5 años de prisión y multa de 75.000€.

• Aunque éste es un blog personal, no se si se entiende esta anotación dentro de lo que suele ser el flujo de contenido de este blog. Publico esto por varias razones: soy periodista, y por tanto me afecta cualquier menoscabo de la libertad de expresión. Pero además, esta ley tiene un impacto en nuevos modos de expresión y difusión de ideas y contenidos, en este caso periodísticos, temas que ya han sido tratados por aquí.